Esta historieta explica de forma simple cómo funciona la nueva ley y sus requisitos.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes califican?

Menores con padres ciudadanos por nacimiento y declaración formal.

¿Qué exige la ley?

¿Cuándo se puede renunciar?

¿Cómo afecta la ley actual?

¿Qué artículos regulan esto?

Residencia legal de dos años o declaración en el primer año.

Al alcanzar la mayoría de edad, el joven puede decidir renunciar a la ciudadanía adquirida.

La ciudadanía ya no es automática, sino que depende de trámites y condiciones específicas.

El artículo 4 de la ley 91/1992 y sus modificaciones recientes.

La forma en que un menor adquiere la ciudadanía italiana ya no funciona como antes. Durante muchos años si los padres eran italianos, el hijo también lo era automáticamente. Esa idea de transmisión directa, casi “natural”, fue modificada con los cambios introducidos en el artículo 4 de la Ley 91/1992, que ahora incorpora nuevos apartados (1-bis y 1-ter) y redefine cómo se adquiere esa ciudadanía en la práctica.

Hoy, el punto de partida es la condición. Para que un menor pueda adquirir la ciudadanía italiana, primero se exige que los padres sean ciudadanos italianos por nacimiento, no simplemente por haberla obtenido después. Este detalle es clave, porque limita quién puede transmitir la ciudadanía en este nuevo esquema.

Sin embargo, incluso cumpliendo ese requisito, la ciudadanía no se activa sola. Es necesario un paso adicional: una declaración formal de voluntad por parte de los padres o del tutor. Esto introduce un cambio estructural importante: el Estado deja de reconocer la ciudadanía como algo que simplemente “se tiene” y pasa a tratarla como algo que debe ser solicitado y formalizado.

A partir de ahí, el sistema establece dos posibles vías para que esa declaración tenga efecto. La primera opción es que, después de realizar la declaración, el menor resida legalmente en Italia durante al menos dos años continuos. La segunda opción es más limitada en el tiempo: presentar esa declaración dentro del primer año desde el nacimiento del menor (o desde que se reconoce legalmente la filiación). Estas condiciones no son alternativas menores, sino filtros concretos que determinan si la ciudadanía se concede o no .

Este diseño introduce un elemento que antes no existía con este peso: el tiempo como variable jurídica. No actuar dentro de los plazos o no cumplir con la residencia exigida puede dejar al menor fuera del acceso a la ciudadanía, incluso si existe el vínculo familiar.

Finalmente, hay un aspecto que termina de mostrar el cambio de enfoque: la posibilidad de renuncia. Una vez que el menor alcanza la mayoría de edad, puede decidir renunciar a la ciudadanía italiana si posee otra. Esto implica que la ciudadanía ya no se concibe como una condición permanente e incuestionable desde el origen, sino como una situación que puede ser revisada por el propio individuo más adelante.

En conjunto, estas modificaciones transforman el sistema. La ciudadanía de menores deja de ser un resultado automático y pasa a ser un proceso condicionado, que requiere intervención activa, cumplimiento de requisitos y validación administrativa. En términos prácticos, ya no basta con el vínculo de sangre: ahora es necesario activar, sostener y encuadrar jurídicamente ese vínculo para que produzca efectos.

Condiciones clave